Uno de los trucos dialécticos más fáciles del ideario de la nueva derecha, tendente a reaparecer cada vez que se intensifican las políticas antipopulares, es el que consiste en llamar “conservadores” o “reaccionarias” a las organizaciones (partidos, sindicatos…) y a las mayorías sociales que simplemente defienden sus derechos adquiridos. De este modo, y aunque delate las contradicciones internas de una derecha que hasta ahora se reclamaba garante de la Constitución, volveremos a escuchar este tipo de comentarios contra una izquierda que se ha convertido en la más firme defensora del Estado Social y Democrático de Derecho.

Democracia contra capitalismo

Ahora bien, las cosas son (lamentablemente) mucho más complicadas. En un post anterior habíamos reflexionado sobre esa contradicción entre democracia y capitalismo que los gobiernos están resolviendo a favor del segundo y en detrimento de la primera. También vimos cómo esta contradiccion nos situaba a la izquierda en la posición de defender firmemente nuestro Estado de Derecho contra las políticas que atentan contra los principios de justicia consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra Ley Fundamental, la Constitución. Las leyes que nos hemos dado son el resultado de décadas de luchas (de un tiempo a esta parte, meramente defensivas). Materializan conquistas insuficientes pero irrenunciables. Y es en torno al reconocimiento de esta convicción mayoritaria como la izquierda pretende aglutinar a un nuevo sujeto político, que vuelve a hacer su aparición tras muchos años de atomización económica y disgregación social. La vía asumida en el momento actual por la izquierda es, en resumen, la de acumular fuerzas en torno a la defensa de nuestro Estado democrático, nuestros derechos fundamentales, y las garantías constitucionales que establecen reglas del juego racionales más allá de las mayorías coyunturales. Con un sistema de garantías (que no tenemos) quizá conseguiríamos que los gobiernos asumieran la tarea que verdaderamente les es propia: preocuparse de encontrar la financiación para los derechos económicos, sociales y culturales que se hallan reconocidos en nuestra vigente Constitución.

            Pero en aquel artículo también queríamos apuntar que esa vía democrática, por el hecho de la contradicción entre democracia y capitalismo, no significa la renuncia a los ideales de izquierda que reclaman una superación de la Constitución de 1978 y la creación de las condiciones históricas para un nuevo proceso constituyente por la República federal y solidaria. Aquí se trata de explicar la conexión real entre la posición constitucionalista encabezada actualmente por la izquierda casi en solitario, y la postura constituyente a la que dicha izquierda afirma no renunciar.

Los límites del Estado social

La izquierda no ignora que el modelo constitucional de 1978 se encuentra atravesado también por una aguda crisis interna, que es la que en cualquier caso va a conducir a su transformación y renovación, sí o sí. Este nuevo constitucionalismo, como afirma Antonio de Cabo de la Vega,[1] debe ser superador de una serie de limitaciones propias de las constituciones que se dieron los Estados europeos en la postguerra, entre las que quisiera señalar las dos más importantes:

a) La limitación democrática, concebida por el constitucionalismo social en un sentido representativo tal y como se encarna en el sistema de partidos políticos. Deja fuera otras formas de democracia directa o participativa (y por supuesto, prohíbe otro modelo económico dentro de los márgenes constitucionales). Esta concepción de la democracia (que se basa en logros históricos como la universalidad del sufragio y el pluralismo político) conlleva una agregación de voluntades que las diluye en el sistema, facilitando la “gobernabilidad” y permitiendo una cierta autonomía de la instancia política a la hora de tomar decisiones que afecten a la comunidad. Se trata de una forma representativa sólo concebible en los estados nacionales de postguerra, en los que el papel de lo político es establecer las reglas que permiten la supervivencia del sistema más allá de, por un lado, los intereses cortoplacistas y autodestructivos del capital nacional, y por otro los intereses de la clase obrera organizada que hace peligrar la ganancia y el propio sistema capitalista.

b) La limitación social: derechos debilitados y política de los derechos. La principal debilidad de estos derechos económicos y sociales (la joya de la corona del Estado del bienestar) reside en su carácter prestacional. Las prestaciones sociales se ligan al trabajo, que por otra parte las constituciones entienden como un derecho en sí mismo (derecho al trabajo) promoviendo políticas activas de creación de empleo. Sea como sea, se trata de derechos que consagran en último término la reproducción de la fuerza de trabajo o capacidad de trabajo del trabajador, y que (junto al derecho a la educación) sirven a los intereses del capital garantizando que cada trabajador se encuentre en las condiciones físicas e intelectuales para realizar correctamente el desempeño de su función en la empresa. Al mismo tiempo, estas prestaciones descansan sobre una concepción masculinizada del trabajo (consagrando el modelo patriarcal), desvalorizan otras formas de trabajo como el reproductivo o el trabajo informal, estigmatizan a los que no “contribuyan al sistema”…[2] A ello se unen otras fallas: clientelismo, trampa de la pobreza, ineficacia en el gasto, estatismo…[3]

            La crisis fiscal del Estado social desembocó a partir de los años 70 en un proceso de recorte de estas prestaciones y coberturas sociales, abriéndose camino a un proceso neoliberalizador que reincidía en la crisis de financiación del Estado social. Por otra parte, los “derechos de segunda generación” (económicos, sociales y culturales) son siempre por naturaleza costosos, y se conviene usualmente en que su cumplimiento dependerá de la posibilidad real de asumir su financiación. Esto plantea un límite inevitable del Estado social: las contradicciones del capitalismo, y la contradicción fundamental entre capital y trabajo. Por un lado, las propias crisis y fluctuaciones del capitalismo ponen en peligro los derechos de segunda generación. Por otro lado, está la propia estrategia neoliberal de endeudar al Estado por medio del gasto público supérfluo y recortar sus ingresos por medio de las bajadas de impuestos: de este modo, el Estado asistencial abandonará a los ciudadanos a su suerte, y les obligará a hacerse cargo responsablemente de su situación personal (según la visión del mundo de los conservadores, que considera que los derechos relajan la iniciativa individual).

La alternativa constituyente

La cuestión central en este debate es la pregunta de si estos derechos económicos, sociales y culturales se hallan verdaderamente garantizados por nuestra Constitución de 1978, así como por las constituciones de los países de nuestro entorno. La crisis del capitalismo avala cada vez más la perspectiva constituyente, que considera que debemos superar el modelo social del Estado de bienestar, basado en supuestos de corte keynesiano. Si queremos introducir mayores garantías constitucionales para la amplia gama de derechos contra los que se atenta en estos tiempos de recortes y austeridad, tendremos que buscar medios de financiarlos, y estos medios (o al menos eso afirmamos desde la izquierda transformadora) no se encuentran por completo asegurados en el actual modelo económico capitalista, que derrocha potencial productivo y detrae riqueza pública para derivarla a manos privadas. Es preciso integrar elementos de gestión socializada de la economía, y avanzar en dirección a una economía socialista como única manera de producir que puede garantizar un reparto equitativo de la riqueza y una financiación de los servicios públicos.

            Pero este proceso constituyente no se lleva a cabo de la noche a la mañana, ni en un país aislado. Cualquier reforma sustancial de la Constitución española depende no sólo de la acumulación de fuerzas en torno a un bloque mayoritario con una visión nacional propia, sino también de la construcción de alianzas europeas. Más aún, de la construcción de una unión federal entre los pueblos de Europa, o al menos de una parte significativa de ellos, empezando por los países periféricos.

Conclusión

Según lo que hemos dicho, no es cierto que la posición de la izquierda sea una chata conservación del modelo actual, contra los “renovadores” que proponen valientemente nuestra integración en el modelo “moderno” propuesto por las contradictorias y confusas directrices venidas de algún lugar de Europa. Realmente, la oposición se da entre dos modelos distintos, dos salidas a la crisis definitiva del modelo social europeo, o lo que aún queda de éste. Dos salidas: la salida social y por la izquierda, o la salida de las élites económicas por la derecha.

            Y el debate acerca del proceso constituyente no es sino la perspectiva de algo que vendrá naturalmente de la constatación de los límites, no ya constitucionales, sino económicos de las sociedades en las que vivimos. El cambio de modelo constitucional no será sino la consolidación de un cambio de modelo económico, que es la causa de la izquierda. Lo que necesitamos hoy es un movimiento social de izquierdas que exija el carácter vinculante de los derechos sociales, por encima de las exigencias pragmáticas que son las exigencias de un modo de organizar la producción, el capitalista, históricamente coyuntural y plagado de fracasos.