Esta es una entrada escrita con prisas y sin sutilezas, avisados quedan. Espero dejar claras al menos un par de ideas. El periódico El País ha publicado un artículo de César Molinas[1] titulado “Una teoría de la clase política española”.[2] En este título hay al menos dos errores: ni existe una “clase política”, ni nos encontramos ante una verdadera “teoría”, sino más bien ante un ejercicio ideológico de justificación para futuras y más que previsibles maniobras políticas: en primer orden, la reforma de la ley electoral en un sentido antidemocrático y dirigida contra los intereses de la mayoría social de este país.

¿Qué significa “clase política”? Se trata de un concepto enormemente extendido en los medios de comunicación, en un contexto en el cual el discurso antipolítica cala cada vez más en la población española. Pero “clase política” es un concepto con los pies de barro. El pseudoconcepto “clase política” tiene una intención muy precisa: convencernos de que o bien el proceso electoral, o bien la estructura del Estado, o bien la misma composición de los partidos políticos españoles son cerrados, opacos, inaccesibles a la participación ciudadana y no representativos ninguno de ellos de estratos o grupos sociales. Significa que votemos lo que votemos, siempre lo hacemos dentro de una oferta de una misma clase que detenta el poder a través de diversos aparatos (entendiendo que los distintos partidos políticos son aparatos por medio de los cuales se ejerce un mismo dominio de “casta”).

            ¿Es cierto algo de esto? ¿Son las estructuras de la instancia política impenetrables a la participación, a la intervención transformadora? Los llamados “políticos” son funcionarios electos, que responden ante sus votantes. Es posible desplazarlos, cuando las políticas que lleven a cabo no gocen de un apoyo mayoritario entre los votantes. Los políticos sirven a los intereses de sus votantes, y precisamente de los votos de la población que sintoniza con sus políticas concretas. Los políticos son representantes de grupos de interés, grupos que pueden definirse por intereses corporativos, ideológicos, o económicos.

            Ahora bien, según César Molinas, lo políticos no representan adecuadamente estos intereses, sino al contrario los intereses de las cúpulas de los partidos políticos:

“La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos.”

Esta es la razón por la que propone un modelo alternativo, el sistema mayoritario:

“Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios.”

La propuesta de César Molinas no es nueva, pero se fundamenta en una convicción irreal. Un sistema electoral mayoritario con circunscripción única (donde sólo resulta elegido un único representante, el del partido más votado) no refuerza el poder del elector, sino el poder de los medios de comunicación a la hora del proceso electoral, y posteriormente el poder de los grupos organizados de electores y de los lobbys. En definitiva, es un sistema electoral no sólo personalista (los partidos políticos quedan reducidos, como en EEUU, a ser la “tarima” de los candidatos), sino que refuerza el poder de las empresas dueñas de periódicos, y de los grupos de presión controlados por intereses económicos. Para que un modelo así funcionara, tendríamos que hallarnos en condiciones en las cuales las clases sociales más desfavorecidas dispusieran efectivamente de medios económicos y de tiempo libre para someter a control a su representante político.

            Por otra parte, el sistema de partidos no disminuye la responsabilidad del político ante los ciudadanos, sino que potencia la construcción sistemática de opciones que, en conjunto, ofrecen una imagen coherente de sociedad. Es el propio partido en su conjunto el que responde de su política, y es la política general aplicada por dicho partido la que resulta evaluada en cada convocatoria electoral (no el carácter individual, o la simpatía de tal o cual diputado). En un sistema político como el actual, con listas cerradas, la coherencia de la oferta de un partido político determinado resulta mayor: es la razón por la que el perfil de votante de unos y otros partidos resulta más definido. En resumen: cada partido político oferta una serie de contenidos programáticos en lo ideológico o en lo socioeconómico, y de los candidatos de cada uno de estos partidos se espera que responda coherentemente a esos contenidos programáticos. Esto facilita debatir no sobre candidatos o personas, sino sobre proyectos de sociedad. Y detrás de cada proyecto hay, de manera definida, proyectos e intereses de grupos sociales antagónicos.

            En un sistema de partidos, las contradicciones sociales se trasladan al Parlamento, de manera que éste es una traducción muy gráfica y muy visible de los intereses contrapuestos que existen en una sociedad. Por otra parte, si existe “clase política”, lo cierto es que la procedencia (y el destino) de clase, en sentido real (clase social), de los distintos representantes políticos es muy diferente. Nuestros diputados tienen procedencias sociales muy diversas, y algunos de ellos compatibilizan su actividad parlamentaria con otro tipo de actividades económicas, que les sitúan en una posición real de clase muy determinada. También, muchos de ellos (presidentes, ministros, diputados de los partidos de gobierno) pasan con posterioridad al sector privado, contratados por empresas con fuertes intereses políticos (es la llamada “puerta giratoria”).

            Por esa razón, es cierto que existen y que debemos pedir responsabilidades a los políticos que han estado tomando las decisiones en este país a lo largo de los últimos años –en otras palabras, a los partidos políticos de gobierno. Pero no es menos cierto que esos políticos han tomado decisiones por y para unas clases sociales determinadas, y por y para una serie de intereses económicos muy concretos. ¿A favor de quiénes se han realizado los recortes sociales y se han impulsado las políticas de austeridad en el gobierno de Rajoy y el segundo mandato de Zapatero? A favor de las grandes empresas y de los bancos, y a favor de los intereses del capital europeo.

            Por supuesto, también hay partidos progresistas minoritarios que han participado de este sistema, especialmente en la administración local, provincial o autonómica. Eso nos lleva a un problema tan clásico (muy trillado desde tiempos de Marx) como el problema del Estado bajo el capitalismo. Y es que ¿no es el Estado español, venido de la transición, el intento de recomponer un bloque dominante lo suficientemente inclusivo para permitir la participación de casi todas las opciones políticas, siempre bajo la condición de que no pusieran en peligro dicho Estado, cuya función principal es asistir y reconducir la anarquía del capital? He aquí la principal contradicción de la izquierda institucional, que se implica en el Estado y en sus estructuras de poder a la vez que pretende transformarlas para que deje de ser una máquina al servicio de la reproducción del capital y se ponga al servicio de la transformación de las relaciones sociales de los sujetos en el ámbito de la producción. Nadie ha dicho que esta democratización real de un Estado al servicio de intereses antidemocráticos sea una batalla fácil, pero nadie ha afirmado seriamente, tampoco, que debamos dejar de lado esa batalla.

            Y finalmente, es contra ese proyecto de transformación contra el que se dirige todo el apoyo del poder económico a los partidos parlamentarios que hasta ahora han dirigido este país. Por esa razón resulta absurdo acusar de plano a toda la “clase política”, cuando lo que existe de fondo es el soborno y el control del Parlamento por parte de la clase de los grandes empresarios, rentistas, banqueros y todos los elementos reaccionarios que han llevado desde siempre las riendas del poder en España.

            Para terminar, el artículo de César Molinas incurre por esta razón en contradicciones evidentes. En los puntos que decide tratar al inicio de su artículo, escribe Molinas:

«¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?»

¿No había dicho que el problema era la “clase política”? ¿A qué viene entonces especificar en la responsabilidad de los partidos políticos mayoritarios? Otro de los puntos que trata es la ausencia de ningún diagnóstico creíble ni de una estrategia coherente por parte de ningún partido político. Quizás lo que no hallemos sea diagnósticos ni estrategias coherentes por parte de los partidos de gobierno, ni de las élites políticas (y por tanto económicas) que toman hoy día las decisiones. Por esa razón tampoco César Molinas tiene un proyecto político coherente. ¿Cambiaría algo su propuesta de reforma electoral? Al contrario, el sistema mayoritario con circunscripción única sólo serviría para afianzar el poder de los partidos políticos mayoritarios, de los culpables reales, hemos visto, de nuestra situación actual.[3]

            Quizás el problema sea, en realidad, la ausencia de un proyecto político por parte de las clases dominantes en España. Y quizás para encontrar un proyecto político coherente, habría que dar voz a los que nunca la han tenido, a las clases dominadas. Más que nunca, es necesario un trabajo incansable de una izquierda que logre representar los intereses de las mayorías sociales. Ahora bien, las opciones políticas que podrían representar en un futuro a esas mayorías sociales, son hoy por hoy minoritarias. Y por esa razón, el artículo de César Molinas propone un sistema electoral que daría todo el poder a los dos grandes partidos. Con la excusa de reformar el Estado español, lo que realmente busca el autor del artículo es justificar el golpe electoral, o el golpe de Estado por medio de la reforma electoral. Un golpe de Estado que, atentos todos, está en el programa inmediato del Partido Popular, como hemos podido ver recientemente.[4] Y que es lo que van a reclamar el capital español e internacional, el IBEX35, y los fondos de inversión como el que es propietario del periódico donde hemos leído este tramposo artículo de César Molinas.