En su obra El contrato social, Jean-Jacques Rousseau definía su concepto de “voluntad general”. Ésta es el resultado de un proceso deliberativo donde los ciudadanos, reunidos en asamblea, acuerdan libremente obedecer la ley que han contribuido a crear. La voluntad general se opone a la voluntad particular de cada individuo, grupo o partido (donde la voluntad o interés particular se confunde a menudo con la voluntad o interés general). E incluso se opondría a la “voluntad de todos”, esto es, a la voluntad particular agregada de todos los individuos de un Estado: mientras la voluntad general apela a lo ético y a lo común, lo particular, aun cuando fuese compartido por todos los individuos, no dejaría de ser una voluntad particular. Por ejemplo, a todos nos puede gustar el chocolate y todos podemos adorar la cerveza, pero incluso aunque todos los ciudadanos de un Estado compartiéramos esos gustos, no podemos hablar de que el acceso a la cerveza o al chocolate constituyan nuestro interés general. En cambio, la protección de los derechos humanos, la justicia o la igualdad sí son valores colectivos y éticos que pueden constituirse legítimamente como voluntad general de un pueblo.

El enfoque de Rousseau es muy oportuno para todo debate constitucional. Rousseau parece describir lo ideal de ese proceso constituyente donde la ciudadanía toma el protagonismo, por delante de asociaciones, grupos de presión o de interés… Un paisaje asambleario e idílico que en la historia reciente de España conocemos poco.

Con toda seguridad, mañana veremos aplicarse por parte del Gobierno central el artículo 155 de la Constitución Española, que supondrá la intervención de la Autonomía catalana. En su redacción, el artículo 155 presenta la intervención como respuesta a una situación en la que “una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”.

La Constitución española tiene cuarenta años. Sólo los mayores de sesenta han podido votarla. ¿Es posible seguir hablando de interés general de España, o voluntad general de los españoles, cuando hace cuarenta años que no se abre un debate constituyente? ¿Es realista decir que la Constitución del 78, redactada entre las presiones del anterior régimen, la violencia y el miedo, es representativa de las generaciones que han vivido en democracia toda su vida? Es lo que afirmaba Thomas Jefferson, cuando decía que cada generación era una nación distinta (sentido republicano, no nacionalista ni esencialista de la nación) y que por tanto debía tener derecho a definir su voluntad en una constitución propia.

La Constitución no es la Biblia de una Nación eterna. Es el resultado de un proceso deliberativo, donde debería poder participar toda la ciudadanía (y no sólo por la mediación de los partidos) donde lo que se delibera no es el interés particular sino el bien común de todos. El actual debate político pasará, y seguramente vaya a pasar de la peor manera posible. Pero va a dejar heridas abiertas que sólo podremos cerrar abriendo un proceso de escucha donde todos participemos y nos sentemos a dialogar, pero donde ese “todos” trascienda las élites políticas y los grupos de presión, y donde debatamos y reflexionemos todos. El proceso constituyente (proceso donde encajará, previa o posteriormente, un referendum pactado) no es una fórmula mágica ni un remedio milagroso, es un periodo de educación y empoderamiento popular, y por ese motivo quiero pensar que no son periodos que se abren con una convocatoria de Cortes constituyentes, sino que son procesos largos que arrancan desde abajo, desde la sociedad (mi interpretación es que el 15M fue el principio de ese proceso constituyente social, que desde las élites se está haciendo todo lo posible por encauzar, cerrar y desactivar).

El proceso va a ser largo, porque el mayor desastre a corto plazo de este proceso, desde un punto de vista federalista, es darnos cuenta que carecemos hoy de una idea de España. Quienes tienen muy clara la visión unitaria, heredada del franquismo, operan como síntoma o como efecto de esa falta de una visión real, adecuada a las circunstancias. Donde se advierte claramente esa falta de visión de un estado español es en la incapacidad para identificar, respetar y convivir con las distintas culturas y sensibilidades que constituyen la realidad española. Como profesor, cuando cada curso releo las orientaciones del BOE y el BOJA para programar mis clases, siempre me encuentro con la programación que tenemos para todo el Estado y la omnipresente recomendación de concretar el temario en la realidad andaluza. Siempre tengo la misma duda: ¿cómo concretarán en Extremadura, en Aragón, en Galicia, en Cataluña, en Navarra o en País Vasco? ¿Cómo se las apañan en Castilla y León, en Murcia o en Asturias? La realidad es que nuestra imagen de España es como un circuito radial de vías de ferrocarril: van de nuestra provincia y Comunidad Autónoma al centro, a Madrid. Pero es mucho más complicado y costoso desplazarse al resto de periferias. Y esto significa que no tenemos un sentido cultural de comunidad con el vecino. Que no comprendemos la cultura, las necesidades, la manera de ser de nuestros compatriotas. Esta batalla cultural, que debe acercar aquellas diferencias que la visión tradicional de España pensaba que era mejor ignorar, es el aceite que debe engrasar, con respeto y cariño, el largo y difícil proceso de reforma constitucional que se debe impulsar desde abajo. Que lo logremos, o desemboquemos en crisis mayores que hagan irreformable el estado actual de cosas, lo veremos en cuestión de tiempo.